Ajustarse a PROMESA

La aprobación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida como PROMESA por sus siglas en inglés, envía un claro y contundente mensaje a la actual administración, así como a la Legislatura, de que los tiempos de improvisación y vivir fuera de las realidades fiscales del gobierno terminaron, es hora de ajustarse los pantalones y trabajar con los recursos que tenemos para así juntos lograr reconstruir a Puerto Rico.

No hay duda alguna que PROMESA llega por la falta transparencia y credibilidad demostrada por la mayoría de las administración publicas en la pasada década y las cuales han sumergido la Isla en la peor crisis desde la época de la Gran Depresión en los años treinta.

Ahora que llegó PROMESA, es tiempo que el aparato gubernamental se ajuste a una nueva realidad fiscal. Esta nueva ley fomentará las bases para una recuperación económica a corto plazo, promoviendo el establecimiento de condiciones favorables para el desarrollo de nuevos empleos y una cultura gubernamental de transparencia y servicio a nuestra gente.

Parte integral de PROMESA es la Junta se Supervisión Fiscal (JSF), la cual tendrá como responsabilidad principal el velar porque se logre restaurar las finanzas públicas. Ante este panorama, es imperativo que la Rama Ejecutiva desarrolle propuestas, viables y concretas, para administrar el gobierno y fomentar la inversión en el sector privado.

Otra área que el Ejecutivo vendrá forzado a trabajar es con los sistemas de retiro de los empleados públicos. La administración ya no podrá colocar parchos, se verá obligada a establecer los parámetros necesarios para salvaguardar las pensiones de nuestros servidores públicos.

A la misma vez, la Legislatura viene obligada, bajo PROMESA, a crear y aprobar leyes que se ajusten a la realidad económica existente. La Rama Legislativa tiene que proponer medidas que atajen el déficit presupuestario, promuevan la transparencia y fomente la creación de empleos.

PROMESA también delinea el camino para solucionar, de una buena vez, el mayor impedimento para nuestro desarrollo económico: el estatus. En el mismo proyecto que viabiliza la Ley, la Sección 402, establece las pautas para la realización de la primera consulta de admisión auspiciada por el gobierno federal en la historia de Puerto Rico.

Por las decisiones de esta administración es que el Congreso se vió forzado a actuar al darle algunos poderes a esa Junta que, si en Puerto Rico no se administra como debemos, podrían ser aumentados. Una situación como esta que describo ya se ha dado en Estados Unidos. En los años 1990s, la ciudad de Washington DC fue puesta bajo lo que en esencia era una junta de control, esto por los enormes déficits presupuestarios y la falta de capacidad administrativa. El liderato político de DC no supo manejar la junta y el Congreso volvió a intervenir para aumentar los poderes del organismo y el tiempo de su vigencia. Para evitar eso se necesita ajustarse a PROMESA.

Fuente: El Nuevo Día

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