La Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, presidida por el representante José Aponte Hernández, inició hoy, mediante la Resolución de la Cámara 1378, una investigación a fondo sobre el uso de prácticas basadas en resultados por parte de los programas que atienden a niños, jóvenes y sus familias en Puerto Rico.
Esto, para identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias adoptar y así garantizar una mejor utilización de los recursos que necesita esta población.
Durante los trabajos compareció, Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud, organización que durante los pasados seis años se ha dedicado a levantar las estadísticas necesarias para mejorar las condiciones de los menores en la Isla a través de cambios de política pública.
“Uno de nuestros estudios, el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud, le otorga a Puerto Rico una calificación de “D” en términos de las condiciones de la niñez en la Isla. Gran parte de esa calificación se debe a los altos niveles de pobreza que enfrentan los hogares con niños, el desempleo juvenil y a indicadores relacionados a su educación y salud mental”, señaló la deponente.
Según el documento, el 12 por ciento de los jóvenes entre 16 y 19 años están desconectados de la fuerza laboral y de la escuela, mientras que el 13 por ciento de los que sí están en la escuela, han estado involucrados en peleas físicas en el plantel escolar. También señala que el 47 por ciento de las familias con niños cuentan con al menos un padre o madre que no trabaja y que, el 11 por ciento de los niños nacidos en la Isla están bajo peso.
Por su parte, Bryan Rosa, otro de los miembros de la organización resaltó que tal y como se realiza en estados como Florida y Wisconsin, “Puerto Rico tiene una gran oportunidad para poder comenzar a moverse en la dirección correcta tomando en consideración que tenemos unos retos sociales bien grandes y que los programas que tenemos ya están en posición para poder tener un impacto positivo”.
Ello debido a la programación de fondos que se planifica para el próximo año fiscal, en el que el Departamento de Educación recibirá alrededor de $300 millones adicionales y el presupuesto de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) contempla una inversión adicional de fondos provenientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) e iniciativas dirigidas a las familias.
No obstante, para precisar el impacto de estas inversiones, según Rivera, es vital que se recoja evidencia del rendimiento de estos fondos así como en las áreas en las que se están fallando, para así mejorar el servicio,.Por lo La Directora Ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud concluyó que el estudio que se realiza por parte de la Comisión mediante la medida de la autoría del Presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, Aponte Hernández y Eddie Charbonier Chinea, es necesaria para “poder desarrollar una política pública que lleve a un mejor rendimiento de las inversiones actuales y generen los cambios que necesitan nuestra niñez y juventud”.
“Además de optimizar las inversiones existentes, el uso de evidencia y monitoreo de resultados eventualmente ayuda a allegar más recursos. Los programas federales, cada vez más condicionan sus subvenciones al uso de evidencia. Un ejemplo reciente es el Family First Prevention Services Act (FFPSA), el cual amplía los fondos federales disponibles para la prevención del maltrato infantil, pero los condiciona a que se usen en programas basados en evidencia”, añadió Rivera.
En ese aspecto, Glenda Gerena Ríos, de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), informó que en cumplimiento con el mandato federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la agencia actualmente trabaja en la planificación para la implantación del FFPSA, que concede fondos a los estados basándose en evidencia de que se ofrecen servicios adecuados en áreas tales como destrezas de crianza, uso y abuso de sustancias y salud mental. De modo, que se pueda prevenir el hecho de que los menores tengan que salir del hogar por maltrato o negligencia de sus progenitores.
El Presidente de la Comisión, el representante Aponte Hernández, señaló que la iniciativa continuará en los próximos días con la participación de otras agencias como el Departamento de Educación, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Recreación y Deportes, entre otros “para poder enfocar lo que son la utilización de recursos de manera apropiada, rindiendo cuentas, porque no es cuestión simplemente de recibir los recursos, es cuestión también de poder hacer esta evaluación por medio de evidencia de la utilización apropiada los recursos. En la medida en que se haga un uso eficiente y efectivo de los recursos provocan economía de modo que se puedan atender a más familias”.