Todos los que han seguido mi trayectoria en el servicio público conocen que he estado opuesto a la posibilidad de aumentar el riesgo a la salud de nuestro pueblo mediante la legalización de las llamadas máquinas de entretenimiento para adultos que pagan premios.
Recientemente se ha venido discutiendo la posibilidad de incluir, sea como enmienda o como un proyecto aparte, pero dentro del contexto de la Reforma Contributiva, una cláusula que permita la operación de máquinas de juegos de azar, las famosas “maquinitas”.
Dejo para récord que no se ha realizado ni tan solo una vista pública para estudiar esta posibilidad. Al igual que en otras ocasiones surgen muchísimas alternativas de uso que siempre tratan de ir a la parte emocional del ser humano. En el pasado fueron organizaciones sin fines de lucro, más reciente han sido el impuesto al inventario, el bono de Navidad, lanchas, inclusive retiro de la Policía, pero nunca se ha establecido claramente el ingreso, ni se ha cuantificado el impacto en salud y seguridad.
El equivocado argumento detrás de esa iniciativa es que la operación de esas máquinas generaría alrededor de $130 millones en impuestos nuevos para el erario. Repito lo que dije antes, esa premisa es incorrecta. Todo lo contrario, el uso de estas maquinitas sería nefasto para nuestra economía. Destruiría fuentes de empleo y recaudos verificadas y comprobadas, y aumentaría dramáticamente los costos en servicios de salud y seguridad para el pueblo, además de quitarle sobre $30 millones a la Universidad de Puerto Rico.
Primero quiero dejar claro que existe data confiable, que incluye un detallado reporte de la compañía Spectrum Gaming Group, encomendado por la Compañía de Turismo en 2013, que concluyó que con la eliminación de todas las maquinitas ilegales de la calle, el gobierno podría obtener $171.7 millones adicionales en ingresos. Esta cifra es muy superior a cualquiera de las que se ha hablado si se legalizaran.
También tenemos que recordar que estas máquinas tampoco son una panacea. Si no, pregúntenle a la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín que, con mucha fanfarria, anunció en 2015 la instalación de sobre 150 maquinitas, solo para sacarlas, sin mucha ceremonia, un par de años después porque nadie las usaba.
Esto sin decir nada del negativo impacto que tendría esta operación en la salud del pueblo y de las finanzas del gobierno. Por ejemplo, un sinnúmero de estudios como el realizado por el National Coalition Against Legalized Gambling, establece que el costo que para el gobierno representa cada jugador compulsivo ronda entre los $14,006 y $22,077 por año. Nuevamente, esto supera por mucho cualquier proyección de ingresos que se ha brindado en relación con la operación de estas maquinitas.
De acuerdo a información científica disponible, la prevalencia del juego patológico en los Estados Unidos fluctúa entre el 0.4 al 1 por ciento. Mientras que, en Puerto Rico, la tasa es más alta que en cualquier otra jurisdicción de la nación. Un reporte de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción del pasado julio, confirmó que el 7.4 por ciento de la población de la isla podría ser jugadores patológicos y un 6.4 por ciento adicional podrían tener problemas con el juego en el transcurso de sus vidas.
Conservadoramente, el costo para el gobierno de legalizar las maquinitas sería entre $100 y $120 millones. No solo no habría ni un centavo de ganancia, sino que el hoyo fiscal sería tan grande que dejaría otras partidas presupuestarias al descubierto.
Ahora se trata de incluir en la Reforma Contributiva para tratar de amarrar votos para un asunto no programático dentro de un asunto programático.
Esa es la verdad de las maquinitas, por eso estoy y estaré en contra de su legalización.