La triste realidad sobre el resultado de la administración del gobierno de Puerto Rico por los últimos cuatro años está, finalmente, saliendo a relucir en las vistas de transición. A pesar de repetidos intentos por suprimir la verdad por parte de varios jefes de agencia, el pueblo se está enterando del precario panorama fiscal y económico que el gobierno saliente de Alejandro García Padilla nos dejó.
Uno de esos secretarios de departamento que intentó ocultar la verdad fue el del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Vance Thomas, quien al final tuvo que admitir que desde enero de 2013 hasta octubre del presente año, Puerto Rico perdió alrededor de 57,000 empleos directos. Esta admisión contrasta marcadamente con las aseveraciones que este mismo funcionario realizaba a la prensa sobre el panorama laboral en la Isla y confirma el abismal fracaso de esta administración en cumplir su principal promesa de campaña: la creación de 50 mil empleos en 18 meses.
Durante el proceso de transición también nos enteramos que la administración de García Padilla no cumplió con los parámetros de austeridad establecidos en la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal. Por el mismo proceso el pueblo supo de la jugosa liquidación de más de $86 mil por días de vacaciones y enfermedad que recibió Melba Acosta cuando se fue del Banco Gubernamental de Fomento.
Como si fuera poco, la saliente Directora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort, se rehúsa en divulgar detalles sobre el contrato millonario que suscribió con el equipo español de soccer, el Sevilla Football Club. Cuando se citó a deponer, esta funcionaria dijo que no podía ofrecer detalles sobre ese contrato por la confidencialidad de algunas de sus cláusulas. ¿Esto quiere decir que para ella el pueblo no tiene derecho a conocer la verdad?
Nada más lejos de la realidad. El gobierno saliente tiene la obligación de decir la realidad sobre el estado de cada una de las agencias y corporaciones públicas y nadie se puede molestar por ello.
Luego de las antes mencionadas escandalosas revelaciones, el gobernador saliente fue tan osado en sugerir que les estaban haciendo “bullying” a sus jefes de agencias cuando nuestro equipo de trabajo ejercía su rol fiscalizador al preguntarles cual era la verdad sobre el estado de sus respectivas dependencias. La realidad es que el gobierno entrante necesita saber cómo y dónde se ha invertido el dinero de cada agencia y cuál es la situación fiscal real para asi trazar un plan de trabajo. Una cosa es el supuesto “bullying”, y otra cosa es que estos funcionarios quieran ocultar información como lo han intentado hacer. El que realmente le falta el respeto es el gobierno saliente al pueblo de Puerto Rico al no decir la verdad.